Diario La Estrategia
Se ha intensificado en el país el debate sobre el sistema de pensiones y la necesidad de introducir cambios en lo existente. De las diversas posturas, hay coincidencia en dos tópicos: la complejidad, por una parte, y por otra, la necesidad de reformas profundas al marco legal respectivo. Surgen entonces como interrogantes el cómo y cuándo debemos hacernos cargo de esta problemática.
Las repuestas exigen contextualizar algunos puntos. Las pensiones se ubican en dos específicas áreas: el seguro –entendido en su dimensión amplia como mecanismo de previsión frente a diversos riesgos – y la seguridad social –en su dimensión de provisión de fondos para la vejez, invalidez y la muerte–. Si lo entendemos de esta manera, debemos concluir que todo sistema de pensiones debe descansar, en su conjunto, en un criterio de solidaridad. Todo seguro está ineludiblemente sostenido en una comunidad de riesgos, entendido por ello la creación de fondos que buscan soportar la pérdidas, daños o necesidades de índole económica que afecten a los miembros de la comunidad. Claramente, un sistema de capitalización individual como el introducido en nuestro país mediante el DL 3500 de 1980, se aparta de la institución del seguro, y creemos, por consiguiente, de la seguridad social, a lo menos de los fines, principios y objetivos que la mayoría de las legislaciones extranjeras consideraron a partir de la segunda mitad del siglo XX en adelante. Ello, no quiere decir, a nuestro parecer, que el sistema de capitalización individual debe ser descartado como instrumento de ahorro destinado a las pensiones o mejor dicho de previsión económica para quienes pasan de un estado activo a un estado pasivo en el proceso productivo; en diversos sistemas de pensiones cumple un rol de ahorro complementario. Habrá que preguntarse, entonces, si es posible construir un sistema basado tanto en un fondo solidario de seguro social, con un sistema de ahorro individualista, que se complementan.
De esta reflexión general o panorámica, la interrogante que surge, y que creemos debemos responder prima facie, apunta a un elemento de fondo que va más allá de lo económico y jurídico. Se trata de abordar un posible acuerdo común o pacto social al que concurran los distintos actores que tienen una intervención directa en la problemática de las pensiones: los ciudadanos –sean trabajadores activos o ya pensionados-, el Estado, en tanto garante y responsable de las políticas de seguridad social y de financiamiento de gran parte de ellas, los empleadores, si consideramos que deberían asumir directamente parte de la cotización total, tal como lo reclaman los instrumentos internacionales y, por cierto, considerar a los encargados de cumplir con el otorgamiento de las pensiones, entre ellos, AFP y Compañías de Seguros. El statu quo nos demuestra que estos son los actores que confluyen en la problemática de nuestras pensiones. Todos actuando a través de sus instituciones más representativas.
Por otro lado, creemos al igual que lo hizo la mayoría de los miembros de la llamada “Comisión Bravo”, que las AFP no deben desaparecer del sistema; tal propuesta parece ser un llamado desesperado de los destinatarios de las pensiones en orden a levantar su voz con fuerza y procurar la reacción de la sociedad en la búsqueda de una solución o mejor dicho del inicio del camino a una solución concreta. No obstante, deberá revisarse su lugar y rol en el modelo que se defina, dando con ello certeza jurídica a todos.
El informe de la Comisión Bravo proporciona una visión histórica del sistema de pensiones chileno, incorporando un juicio crítico en importantes dimensiones, para entregar finalmente tres propuestas de cambio al sistema. Quiere decir, entonces, que hemos dado un primer paso, quizás el de mayor importancia: ser conscientes de la necesidad de un ajuste profundo. De este modo, pareciera que las bases del pacto social sobre el sistema de pensiones que hemos enunciado ya han sido cimentadas. Falta entonces, la voluntad de encuentro de los diversos actores, quienes, en un tema de esta relevancia para nuestro país, no debieran dejar de lado como guía fundamental el bien común, y en particular, el derecho de los adultos mayores a una pensión digna.
Roberto Ríos Ossa
Director del Programa de Seguros UC
Profesor de Derecho UC
Hugo Cifuentes Lillo
Investigador del Programa de Seguros UC
Profesor de derecho UC
