La Tercera
Los sistemas de pensiones deben asegurar a inválidos, adultos mayores y sobrevivientes (muerte del jefe/a de hogar) una pensión digna. Ella debe reemplazar al menos medianamente parte del ingreso que dejan de generar. También incluyen un componente solidario, para quienes no han tenido capacidad de ahorro. Esto ha resultado difícil de implementar tanto en Chile, como en Iberoamérica.
En nuestro caso, y gracias a la reforma del 2008, se incrementó la cobertura de quienes obtienen una pensión. Sin embargo, la mayoría accede a pensiones no dignas, es decir, que permitan sostener un nivel de vida cercano a la renta del trabajo, o de subsistencia digna en caso de pobreza. El Informe de la Comisión Bravo, entregado a la Presidenta (2015), contiene un alarmante diagnóstico de la realidad actual y futura: un 50% de los pensionados, entre 2007 y 2014, recibe pensiones iguales o inferiores a $ 82.650, incluido el Aporte Previsional Solidario. Existe una brecha importante entre los montos de pensión de hombres y mujeres. Mientras la mitad de ellas obtiene pensiones no superiores a $ 42.561, los hombres reciben $ 112.333 o menos. La mitad de los hombres obtienen, tasas de reemplazo iguales o inferiores al 60%, la mitad de las mujeres alcanzan un máximo un 31%. En términos de valores absolutos, el 78% de los jubilados recibe pensiones inferiores al salario mínimo y 44% por debajo de la línea de la pobreza.
La capitalización individual como mecanismo único, conforme reportes OIT, vive procesos de cambio o discusión en los países en que lo implementaron. Los cambios en las expectativas de vida, el envejecimiento poblacional, las variaciones demográficas, las modificaciones del mercado laboral, etc. cuestionan los mecanismos tradicionales. Pero en esencia, el sistema de cuentas individuales no es solidario, prevalece el esfuerzo individual, y no de todos los ciudadanos. Se requiere una intervención profunda, que aborde cambios de futuro (para las nuevas generaciones), como de adecuaciones a aplicar pronto en pro de los actuales pensionados y de los que lo serán pronto. Toda reforma al sistema de pensiones afecta intereses y tiende a ideologizarse, pero se debe evitar convertir el debate en un enfrentar: CAPITALIZACIÓN versus REPARTO. La vuelta al reparto en las condiciones vigentes a 1980 es imposible. Lo realista es avanzar a un sistema mixto, partiendo de la realidad nacional, luego de 36 años del actual, donde sus derechos constituyen sus ahorros.
En una propuesta de sistema mixto deberían confluir cotizaciones de trabajadores, empleadores y Estado, con sustento de una pensión básica, para los que no pudieron cotizar y una contributiva con autofinanciamiento y solidaridad.
La propuesta del Gobierno en los términos conocidos hasta ahora, se orienta en ese sentido; corresponderá precisar su profundidad conforme los parámetros de la seguridad social.
Una primera observación indica que se mantendrá el pilar con pensión solidaria, un fondo común con aporte fiscal y del empleador, una pensión autofinanciada con cargo a lo acumulado individualmente en la cuenta de la AFP (incluida una estatal) más un incremento de estas últimas para quienes puedan efectuar ahorros voluntarios. Entonces varios pilares confluyendo a generar una pensión, para los cotizantes regulares. Todo esto requiere análisis detallado una vez conocido el proyecto de ley. Como todo cambio en pensiones, se requiere de largos periodos de funcionamiento para evaluar. Para el necesario cambio, es preciso amplio respaldo, ante la desconfianza ciudadana existente. Por ello se requiere de un pacto social, a ello se refirió al Presidencia. Corresponde revisar entre otros temas: edad de pensión, gobiernos corporativos participados (como se ofreció), pero ello no basta, corresponde profundizar en la solidaridad inter e intrageneracional efectiva y visible.
